La corrupción en el Cesar es la causa evidente de la pobreza, ya que implica no solo la apropiación de recursos públicos por los gobernantes o autoridades del Ejecutivo y demás órganos, con el consecuente enriquecimiento de estos, sino los efectos nocivos que estos hechos tienen para la población.

La corrupción no es un hecho que pueda obviarse ni olvidarse, como si solo fuera importante para el Estado y los entes de control. Por el contrario, es un fenómeno que merece la atención de todos los ciudadanos, sobre quienes recae el mayor perjuicio, que aparentemente es imperceptible, pero que, si se hace un análisis profundo, es devastador para la sociedad.
En este sentido, debemos mencionar que la corrupción a gran escala, la que proviene de los altos cargos públicos y que compromete grandes sumas de dinero, bienes o servicios, es la que más lesiona los intereses de los ciudadanos, y donde debemos centrar nuestra atención y el esfuerzo de los organismos de control.
Ya lo decían los criminólogos: la corrupción está en quienes detentan el poder, en quienes tienen la potestad para realizar la contratación, tomar decisiones y ejecutar el presupuesto público. Porque es allí donde está el manejo de los recursos públicos y existe la posibilidad real de su apropiación.
Ahora bien, centrándonos en dichos aspectos, debemos mencionar que la corrupción se presenta nivel nacional, departamental y municipal en Colombia. Los casos de corrupción a nivel departamental y municipal son igualmente gravosos que los del nivel nacional, y quizás el detrimento que producen puede ser mayor, teniendo en cuenta que afecta a los habitantes de dichas entidades territoriales, quienes en su mayoría tienen menores ingresos, oportunidades y requieren con mayor razón inversión social e infraestructura, bienes y servicios para sus territorios.

Aclarado lo anterior, vamos a referirnos a un caso reciente de corrupción que se ha presentado en el departamento del Cesar y que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, y es el caso relacionado con la celebración de un contrato del PAE – Plan de Alimentación Escolar- por parte de la Administración Departamental en cabeza de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien fue imputado por dicho ente en agosto del presente año por los delitos de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación.

Según la información que reportan los medios, “Casa por cárcel fue la medida de aseguramiento que decidió el Tribunal Superior de Bogotá contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. El miembro del poderoso clan Gnecco deberá permanecer privado de la libertad durante el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Estos delitos habrían sido cometidos durante la intervención del gobernador en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del departamento"El Espectador. Redacción Judicial. “Dictan medida de aseguramiento contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar”, 26 de agosto de 2022. En: https://www.elespectador.com/judicial/dictan-medida-de-aseguramiento-contra-luis-alberto-monsalvo-gobernador-de-cesar/”. 
Lo anterior, puesto que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Monsalvo Gnecco habría favorecido al consorcio que se quedó con el contrato, el cual ascendía a $ 23.538 millones de pesos, pero que por el sobrecosto le elevó a $ 34.632 millones de pesos, habiendo un detrimento patrimonial para el Estado y los ciudadanos de aproximadamente 3.000 millones de pesos.
Adicionalmente,  de acuerdo con la investigación, no se realizaron estudios previos, no se priorizó a las ya afectadas y paupérrimas comunidades indígenas, de quienes nadie se acuerda, como tampoco se hizo una selección objetiva del contratista, aplicando debidamente los principios de la Contratación Estatal previstos en la Ley 80 de 1993, como el de economía, transparencia, igualdad y eficiencia, ya que debía escogerse la oferta que cumpliera con todos los requisitos, y que a su turno fuera económicamente la más conveniente; sin embargo, lo que hizo fue una escogencia a dedo, una burla a los demás oferentes, al Departamento y a sus habitantes.
Otro caso de corrupción esta representado en el sistema de riego para la vereda  El Toco del municipio de San Diego, cuya construcción se contrato por valor de $ 6.700 millones de pesos con un contratista seleccionado a dedo, que no cumplía con los requisitos ni idoneidad, y que posteriormente se declaro en quiebra, acabando con los sueños y esperanza de los campesinos que requieren con urgencia una fuente de agua para sus cultivos y consumo. 
Así las cosas, estos son casos de corrupción de grandes proporciones que lesionan el interés general y los derechos de los cesarenses y sus familias, así como de los niños, niñas y adolescentes que lo habitan, quienes por culpa de la corrupción, se ven sumidos en la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades, la ausencia de infraestructura y educación de calidad, etc., porque los recursos que pueden destinarse a solucionar estos problemas, se pierden en la mafia de la corrupción, sin que haya doliente que alce su voz de protesta.
Los corruptos en el Cesar ya no respetan ningún principio ni derecho, ni siquiera los de sus niños y adolescentes que siguen en condiciones precarias gracias a la manera voraz e inescrupulosa con que se apropian de los recursos destinados a los mismos.
Por eso es que la población vive en la inopia, las poblaciones indígenas no son priorizadas, ni se atienden los problemas de los habitantes del campo y de zonas urbanas marginales, como tampoco del grueso de la población que reclama un cambio incluyente y oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas, como también de aquellos que quieren ver florecer un Cesar con educación de calidad, con la infraestructura que requiere para ser competitivo, con seguridad y desarrollo.
Pero lo anterior no va a lograrse si quienes lo gobiernan están centrados en apropiarse de sus recursos, cuando deben ser los garantes de que cada peso administrado se invierta en beneficio de sus habitantes y el Departamento.
No podemos dejar todo al azar, ni a la labor de los organismos de control del Estado, que puede ser tardía en algunos casos, ser inerte por la falta de denuncias o estar permeada por intereses políticos.
La corrupción hay que combatirla con el pueblo, con las veedurías ciudadanas, con el seguimiento a los contratos por parte de los cesarenses, con la interposición de las respectivas denuncias y con la toma de consciencia de que lo público debe respetarse y hacerse respetar.

La corrupción se combate con el cambio. Con no seguir entregando nuestro voto de confianza a las mismas élites políticas tradicionales que históricamente han demostrado que solo les interesa el poder como un medio para lucrarse, quedando el voto, y el pueblo que lo deposita, relegados a ser un instrumento para cumplir su fin: el de la corrupción, el del enriquecimiento ilícito y su consecuencia más nefasta: la pobreza de los cesarenses y el atraso del Departamento.
¿Seguiremos votando por los mismos, para ver cómo terminan en la cárcel por corruptos mientras el Cesar se resquebraja? ¿Continuaremos olvidando y permitiendo el desfalco de nuestros recursos y la consecuente negación de nuestras expectativas y derechos? ¿O buscaremos personas idóneas que no usen el poder para beneficio propio, sino para trabajar incansablemente por este amado pueblo y su territorio? ¿Nos levantaremos de este letargo de décadas para soñar un Cesar con desarrollo, inclusión, empleo, educación y lucha frontal contra la corrupción? No perdamos la esperanza, construyámosla juntos. El futuro nos pertenece.